Estados Unidos y México reforzarán su cooperación para combatir a los cárteles mediante el rastreo de sus recursos económicos, con el objetivo de afectar directamente las estructuras que permiten a estas organizaciones operar. El embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson, afirmó que quitarles el acceso al dinero puede representar un golpe decisivo para sus redes criminales.
Durante su participación en el Foro Internacional de Delitos Financieros CI-First, Johnson destacó la coordinación entre los gobiernos del presidente Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado. Explicó que las investigaciones financieras buscan identificar el recorrido completo de los recursos ilícitos, desde las cuentas y activos hasta las personas y empresas que facilitan su movimiento. También subrayó la necesidad de combatir la corrupción, debido a sus efectos sobre la seguridad y las inversiones.
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El diplomático sostuvo que los grupos criminales pueden reponer drogas y armas decomisadas, pero tienen mayores dificultades para mantener sus operaciones cuando se les afecta el capital que utilizan para reclutar integrantes, adquirir armamento, transportar sustancias ilícitas, corromper funcionarios y reconstruir sus estructuras. En este sentido, destacó que el intercambio de información entre bancos, unidades de inteligencia financiera, investigadores y fiscales permite ampliar las investigaciones y llegar al congelamiento o decomiso de activos.
Por su parte, Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que México ha endurecido su estrategia contra las organizaciones criminales. Entre 2024 y 2026, la dependencia incorporó a mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, inmovilizó 24 mil 622 cuentas y aproximadamente 8 mil 670 millones de pesos; de las cuentas bloqueadas, 7 mil 861 estarían relacionadas con organizaciones criminales de alta presencia e incidencia en el país. Reyes señaló que 70 por ciento de los aseguramientos de la UIF están vinculados con grupos que afectan la seguridad nacional. La estrategia también contempla denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), coordinación con instituciones de seguridad, justicia, inteligencia, fiscalización y aduanas, así como colaboración internacional con Estados Unidos y el Grupo Egmont. Para detectar operaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF emplea un modelo de análisis de riesgos que considera 240 variables.
