El Gobierno de Venezuela anunció el inicio del proceso para abandonar de forma definitiva la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que este tribunal ha actuado con un enfoque parcial y ha dirigido de manera desproporcionada sus investigaciones contra países de África y América Latina. La decisión contempla la denuncia del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a dicho organismo internacional.
A través de un comunicado, el canciller Félix Plasencia sostuvo que la CPI ha dejado de actuar con imparcialidad y que sus mecanismos han sido utilizados para responder a intereses ajenos a la justicia. Asimismo, informó que, por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la decisión ya fue notificada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.
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El funcionario venezolano afirmó que el país mantiene su compromiso con una justicia internacional basada en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Además, acusó al tribunal de recurrir al denominado “lawfare”, al considerar que sus actuaciones han sido empleadas como un mecanismo de persecución política contra Venezuela.
La salida de la CPI ocurre meses después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobara una ley para derogar la adhesión al Estatuto de Roma. La medida fue impulsada tras el cierre de la oficina técnica de la Corte en Caracas, aunque la Fiscalía del organismo aclaró que la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continúa desde La Haya. El caso permanece abierto desde 2018 y, en 2023, la Corte autorizó reanudar las investigaciones sobre hechos ocurridos a partir de 2017, al considerar insuficientes las acciones emprendidas por el sistema judicial venezolano.
