La banca brasileña ha intensificado consultas con instituciones y expertos mexicanos para prepararse ante los efectos que podría generar la decisión de Estados Unidos de catalogar como organizaciones terroristas a dos de los principales grupos delictivos de Brasil.
Fuentes vinculadas al sector señalaron que las conversaciones se han centrado en conocer experiencias relacionadas con la identificación de clientes de riesgo, el fortalecimiento de controles internos y la aplicación de medidas preventivas frente a posibles sanciones internacionales.
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La inquietud de los bancos radica en que Washington podría extender acciones similares a las implementadas anteriormente en México, donde tres entidades financieras fueron apartadas del sistema estadounidense tras ser acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
El reto para las instituciones brasileñas consiste en reforzar sus mecanismos de cumplimiento normativo, especialmente después de que el gobierno de Donald Trump incluyera al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) dentro de su lista de organizaciones terroristas.
Expertos legales advierten que las nuevas disposiciones exigen investigaciones más profundas sobre posibles vínculos indirectos entre clientes y organizaciones criminales, incluso cuando estos no aparezcan formalmente en listas de sanciones.
Las entidades financieras también analizan cómo atender los requerimientos de Estados Unidos sin vulnerar las leyes brasileñas. En este proceso, el caso mexicano se ha convertido en un punto de referencia para evaluar posibles escenarios y respuestas regulatorias.
Mientras tanto, la Federación Brasileña de Bancos afirmó que sus miembros mantienen políticas sólidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. No obstante, reconoció que la magnitud de las recientes designaciones justifica una revisión detallada de sus posibles implicaciones para el sistema financiero del país.
