El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que México enfrenta el desafío de reconocer plenamente el pluralismo jurídico y las distintas formas de organización y aplicación del derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Desde su perspectiva como integrante del pueblo mixteco, el ministro señaló que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el Ejecutivo federal, representa una oportunidad para superar las prácticas institucionales que históricamente han limitado el reconocimiento de estas comunidades.
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Aguilar Ortiz sostuvo que el objetivo no debe ser simplemente incorporar a los pueblos indígenas al sistema existente, sino reconocer la diversidad de formas de organización que ya existen en el país y adaptar las instituciones a esa realidad.
El presidente de la Corte recordó que, durante más de dos siglos de México independiente, no ha existido una legislación que reconozca plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Esta situación, explicó, ha obligado en algunos casos a las comunidades a adoptar figuras jurídicas ajenas a su organización para poder acceder a servicios o ejercer determinados derechos.
Como ejemplo, mencionó el caso de una comunidad que adquirió autobuses para prestar un servicio de transporte, pero tuvo que constituirse como sociedad anónima para obtener la concesión correspondiente.
“Esto yo creo que se tiene que acabar”, sostuvo Aguilar Ortiz, al considerar necesario construir un marco jurídico acorde con la realidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Consulta a pueblos indígenas
El pasado 7 de agosto comenzaron las asambleas regionales de consulta sobre la iniciativa presidencial, dirigidas a alrededor de 16 mil comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. El proceso está previsto para concluir el próximo 13 de septiembre.
La Suprema Corte fue invitada por el Ejecutivo federal a participar como observadora. Aguilar Ortiz aclaró que esta participación no significa que el máximo tribunal vaya a pronunciarse a favor o en contra de la propuesta.
Explicó que la función de la Corte será observar el proceso, escuchar a las comunidades, registrar sus planteamientos y elaborar un informe al concluir las consultas.
El ministro consideró que la experiencia obtenida durante este ejercicio también permitirá a la Corte conocer de primera mano las necesidades y planteamientos de los pueblos indígenas, información que podría servir como referencia para el análisis de futuras controversias relacionadas con la legislación.
