El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, planea contratar a una empresa privada especializada para localizar en México, Guatemala y Honduras a migrantes que fueron deportados o salieron voluntariamente del país y que aún mantienen multas migratorias sin pagar.
De acuerdo con una convocatoria emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la compañía deberá ubicar a los deudores fuera del territorio estadounidense, notificarles el monto de la sanción y gestionar las distintas opciones para liquidarla, ya sea mediante un pago único, en parcialidades o incluso a través de un tercero.
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Como parte del proceso, la empresa tendrá que comprobar que identificó correctamente a cada persona, para lo cual podrá reunir evidencias como fotografías del domicilio, recibos de servicios, registros de empleo o, en caso de fallecimiento, presentar el acta correspondiente. La CBP calcula que alrededor de 66 mil 387 migrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente Estados Unidos aún tienen adeudos por multas civiles.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estimó que, hasta julio, el monto total de las sanciones migratorias pendientes ascendía a 423 millones de dólares. Estas multas fueron reactivadas por la administración Trump el año pasado y contemplan sanciones por diversas infracciones, entre ellas incumplir una orden de expulsión, cuya penalización aumentó de 500 a 998 dólares diarios tras los ajustes por inflación establecidos por la legislación estadounidense.
Aunque actualmente la CBP trabaja con tres empresas privadas para recuperar multas y otros cargos impuestos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, todas operan únicamente dentro de Estados Unidos. Con esta nueva contratación, la agencia busca extender las labores de localización y cobranza directamente en los países donde residen los migrantes, ya que hasta julio ninguna compañía había logrado ubicar con éxito a un deudor fuera del territorio estadounidense.
