El doble sismo que sacudió a Venezuela la semana pasada puso a prueba un sistema de salud que ya enfrentaba importantes dificultades económicas y operativas. Aunque en las primeras horas de la emergencia diversos reportes señalaron un colapso hospitalario, autoridades venezolanas sostienen que la atención médica logró mantenerse gracias a la activación de hospitales públicos, clínicas privadas y brigadas de apoyo nacional e internacional.
De acuerdo con información oficial, los 15 hospitales públicos de Caracas operaron bajo un esquema de contingencia, mientras que alrededor de un centenar de clínicas privadas recibieron gratuitamente a personas lesionadas por el desastre. En el estado de La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el Ejército venezolano y equipos internacionales instalaron hospitales de campaña para reforzar la atención y reducir el traslado de pacientes hacia la capital.
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Autoridades del gobierno atribuyen las limitaciones del sistema sanitario a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante los últimos años. William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, aseguró que la reducción de los ingresos petroleros, principal fuente de financiamiento del país, afectó directamente la inversión en programas sociales, incluyendo salud, educación y asistencia a sectores vulnerables.
Además, señalaron que las restricciones financieras dificultaron la adquisición de medicamentos, vacunas, marcapasos y equipo especializado para hospitales, así como el mantenimiento de infraestructura esencial como los sistemas eléctricos y de agua. Según el gobierno venezolano, estas condiciones agravaron el impacto de los terremotos sobre un sistema de salud que ya operaba con recursos limitados debido al prolongado bloqueo económico.
