La Fiscalía de Bolivia ordenó la aprehensión del expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien señala por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio de este año. Las movilizaciones exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz y generaron afectaciones en distintas regiones del país.
La orden fue emitida por el fiscal Brayan Melgar e incluye acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y afectaciones a los servicios públicos. Según las autoridades, los bloqueos provocaron desabasto de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, dejaron 16 personas fallecidas —13 de ellas por falta de atención médica derivada del cierre de carreteras— y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3 mil millones de dólares.
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Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el Gobierno intenta responsabilizarlo de las movilizaciones para desviar la atención de la crisis económica y social que enfrenta Bolivia. El exmandatario sostiene que las protestas buscaban presionar al Ejecutivo para atender las demandas de distintos sectores y negó haber promovido la salida del presidente Rodrigo Paz, aunque previamente había señalado que el mandatario debía convocar a elecciones anticipadas o recurrir a la militarización del país.
Esta nueva orden de captura se suma al proceso que Evo Morales enfrenta desde 2024 por una investigación de trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato. Desde entonces permanece en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por simpatizantes para impedir su detención, mientras las autoridades bolivianas mantienen abiertas ambas investigaciones.
