El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, otorgarle una reparación e investigar las presuntas irregularidades registradas durante el proceso judicial.
En un informe de 19 páginas, el organismo señaló que la privación de la libertad del exmandatario, ocurrida tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, careció de base legal y no respetó diversas garantías del debido proceso.
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El documento sostiene que el Estado peruano habría vulnerado los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque las conclusiones del Grupo de Trabajo no son jurídicamente vinculantes, sí constituyen una recomendación formal al gobierno peruano.
“El Grupo de Trabajo pide al Gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala el informe, el cual considera que la medida adecuada sería su liberación inmediata, además del otorgamiento de una indemnización y otras formas de reparación.
Los expertos argumentaron que un presidente en funciones no podía ser detenido antes de que el Congreso levantara el antejuicio político, procedimiento que, según el informe, se concretó cinco días después de su arresto.
